CARACAS.- Los abogados de los 29 imputados por la fuga del ex gobernador Eduardo Lapi fustigaron la actuación de la juez Alicia Olivares, quien, según señalaron, violó los derechos humanos de sus clientes al revocarles el régimen de presentación e imponerles defensores públicos aun cuando ya contaban con apoderados privados.
"Solicitamos que prive el sentido común por encima de cualquier presión política, incluso cuando exigimos respeto por la labor del profesional del derecho", comentó Norma Delgado, quien asiste a un grupo de los imputados. La abogada criticó la manera como Olivares, quien recientemente asumió el cargo tras la destitución de Alcy Villañales, convocó a una audiencia para informar que los acusados debían regresar a prisión hasta que cancelen una fianza. Anunció que ejercerán los recursos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal para solicitar el respeto de los derechos de sus clientes, y que estudiarán que acciones pueden presentar para denunciar la conducta de la juez.
Rafael Delgado, quien asiste a los efectivos militares supuestamente involucrados en la fuga, también cuestionó la actuación de Olivares, quien, según señaló, cercenó el debido proceso. Cuestionó que la fianza impuesta por la juez esté por encima de las 120 unidades tributarias (cerca de Bs 4 millones 700 mil), cifra muy alta para los ingresos de sus patrocinados. Foro penal se pronunciaMientras, la asociación civil Foro Penal Venezolano cuestionó la actuación del Poder Judicial en las investigaciones abiertas tras la fuga del ex gobernador Lapi, y recalcó que la destitución de la juez de Yaracuy, y la revocatoria de la libertad condicional otorgada a los custodios del ex mandatario regional, dejan en evidencia la falta de autonomía e independencia de los tribunales.
"Es una nueva muestra de la interferencia del Poder Ejecutivo y Judicial", señaló un comunicado suscrito por la directora ejecutiva de la agrupación, Mónica Fernández.
El Foro Penal fustigó la manera como se decretó la destitución de la Alcy Villañales, pocas horas después de haber otorgado libertad condicional a los 29 imputados. La asociación civil cuestionó que el ministro Pedro Carreño expusiera al escarnio público a Villañales, cuando, sin pruebas, afirmó que había recibido sobornos por parte de los abogados defensores."El ministro dijo abiertamente que sobre la juez caería todo el peso de la justicia (...) Al día siguiente, viernes santo, en el período de asueto del Tribunal Supremo, en horas de la noche y sin estar constituida formalmente la Comisión Judicial, Luisa Estela Morales aceptó, produciéndose una salida intempestiva, dudosa y oscura”, dijo.
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